Estatuto de Galicia

El Estatuto de Galicia pensado, escrito y vivido Introducción

Hasta el Estatuto de Autonomía para Galicia de 1981 los modelos políticos elaborados  no alcanzaron incidencia institucional dentro del sistema político español ni fueron formalizados oficialmente.

Truncado el primer proceso estatutario a causa de la guerra civil, habrá que esperar más de cuarenta años hasta que de nuevo se tome la iniciativa autonómica, al amparo de la constitución española de 1978.

 El primer proceso estatutario, iniciado en 1932, llegó a superar las primeras etapas y si no alcanzó la culminación, fue por las circunstancias dramáticas de la guerra iniciada en 1936.

 Las dos experiencias estatutarias, entendidas como un conjunto de trámites ejercidos por órganos competentes, constituyen los dos procesos en los que el pueblo gallego se vio implicado y participó más o menos activamente, con más intervención en el de 1936 que en el de 1981.

Galicia contó, por tanto, a lo largo de su historia contemporánea, con dos procesos estatutarios con fundamento institucional: el primero derivado de la constitución del año 1931 aprobada durante la República, y el segundo al amparo de la actual y vigente constitución de 1978.

 

La fase autonomista del primer Estatuto

 La Constitución de la República española, aprobada el 9 de diciembre de 1931, exigía que un Estatuto de Autonomía cumpliera sucesivamente tres condiciones. Las dos primeras eran de carácter regional, ya que surgían de la voluntad de los ayuntamientos y del pueblo de las regiones correspondientes que tuvieran voluntad de constituirse en autónomas, de acuerdo con un principio dispositivo[1], que permitía que unas provincias limítrofes pudieran constituirse en regiones autónomas y otras pudieran continuar dentro del régimen provincial vigente.

 

La primera propuesta de Estatuto de Autonomía sería formulada por la mayoría de los Ayuntamientos[2] o, cuando menos, por aquellos que comprendieran las dos terceras partes del Censo electoral de la región. La segunda, una vez superado el anterior trámite, que tal propuesta municipal fuera aceptada cuando menos por las dos terceras partes de los electores inscritos en la región, no pudiendo renovarse la propuesta hasta pasados cinco años si el plebiscito fuera negativo. Es evidente que el procedimiento era una mezcla de democracia representativa y de democracia directa.

 

Y la última condición, de carácter estatal, consistía en la aprobación del Estatuto regional por las Cortes del Estado[3]. Por cierto, hay que señalar, que las Cortes Constituyentes interpretaron el artículo 12 de forma tan extensiva que podían entrar en el fondo de los proyectos que fuesen presentados, como así hicieron con el aprobado por Cataluña que fue modificado su texto con cambios muy sensibles.

 

Esta cuestión dio lugar a que se produjeran diversas quejas en Galicia, puestas de manifiesto en un artículo firmado por Antón Vilar Ponte, insigne galleguista fundador de las denominadas Irmandades da Fala, titulado Menos legalismo y más realismo, aparecido en la prensa del 17 de mayo de 1932, en el que su autor se queja del tono legalista que Sánchez Román, insigne jurista y catedrático, dio a su intervención en el debate del Estatuto catalán, porque la cultura de un pueblo es antes obra del creacionismo que del abogacismo.

 

La iniciativa estatutaria durante la República

 

Promulgada la Constitución de 1931, con el fin de iniciar los trámites necesarios para alcanzar el régimen autonómico para Galicia, el concejal de Santiago, Enrique Rajoy Leloup (abuelo de Mariano Rajoy) presentó en marzo de 1932 una iniciativa ante el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, en la que solicitaba dar un paso hacia adelante en la tramitación del Estatuto de Autonomía mediante la convocatoria de una Asamblea Regional de Ayuntamientos, a fin de que, concurriendo sus representantes, con plenitud de poderes, pudieran elaborar y aprobar el Estatuto de Galicia, para someterlo más tarde al plebiscito y a la sanción de las Cortes de la República.

 

Dada luz verde a la propuesta del señor Rajoy se creó una comisión organizadora que se dirigió a los entonces 219 ayuntamientos de Galicia para celebrar una reunión general de conformidad con lo estipulado en el artículo 12 de la Constitución.

 

La Asamblea Regional de Ayuntamientos se celebró en Santiago de Compostela los días 17, 18 y 19 de diciembre de 1932 y en ella se aprobó el Estatuto de Autonomía de Galicia que fue votado por 209 Ayuntamientos que representaban dos millones de habitantes de los dos millones y medio que componían el censo de población de Galicia.

 

El plebiscito

 

Celebradas elecciones generales el 16 de febrero de 1936, con la victoria del denominado Frente Popular, se reanudó el proceso estatutario para Galicia, interrumpido durante los años 1933-1935. La suspensión del Estatuto de Cataluña, en 1934, y la obstaculización del Estatuto Vasco, eran muestras de la poca voluntad política estatutaria que mostraba el Gobierno salido de las elecciones del 19 de noviembre de 1933, no obstante figurar en la Constitución un Título I, referente a la organización nacional, donde se habla de que el Estado español, estará integrado por municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyan en régimen de autonomía.

 

En el programa que el Frente Popular presentó a las elecciones del 16 de febrero de 1936 figuraba un añadido, puesto a última hora, que decía: Los partidos coaligados repondrán en su vigor la legislación autonómica votada en las Cortes Constituyentes y desarrollarán los principios autonómicos consignados en la Constitución.

 

Bajo esta nueva perspectiva institucional y política, en Galicia se acordó el 28 de junio de 1936, como día del plebiscito, y una vez celebrado y escrutados los resultados se obtuvieron como votos favorables a favor del Estatuto, 993.361, que eran netamente superiores a las dos terceras partes del censo (73,9%) de habitantes, que a la sazón era de 1.343.135 .

 

 Por tanto se había obtenido, muy ampliamente, el quórum exigido.

 

El 15 de julio de 1936, se trasladó a Madrid una Comisión nombrada al efecto que entregó la documentación pertinente al Presidente de las Cortes de la República, que era don Diego Martínez Barrio, de Unión Republicana. Lo cierto es que en esas fechas la situación en Madrid era completamente anormal. En los días 12 y 13, habían sido asesinados, respectivamente, el teniente Castillo y el diputado por la provincia de Ourense, don José Calvo Sotelo.

 

Las Cortes estaban en período vacacional funcionando sólo la diputación permanente, y por ello el Presidente de las Cortes, recibió el documento sin darle mucho protocolo, como así se puede ver leyendo sus Memorias, en las que no cita para nada este hecho, preocupado por las circunstancias excepcionales que vivía el país en aquél momento.

 

El día 17 del mismo mes y año, los comisionados gallegos fueron recibidos por el Presidente de la República, don Manuel Azaña, al que querían presentarle sus rendidos respetos, partiendo de la base de que Azaña fuera el gran propulsor de los principios constitucionales que hicieron posible la autonomía de Galicia y de las demás regiones.

 

El hilo perdido

 

Las Cortes de la República, ya dividido el país en dos frentes como consecuencia de la guerra civil, siguieron haciendo sesiones como expresión de la legalidad y para mantener la legitimidad republicana y democrática, y en la reunión del día 1º de febrero de 1938 celebrada en el monasterio de Montserrat, comenzó el último acto del proceso estatutario de Galicia, en el que el presidente de las Cortes dio cuenta de haber sido presentado a la Mesa, cumpliendo todas las formalidades legales, el Estatuto de la Región Gallega, instando a los grupos parlamentarios a que manifestaran, en momento oportuno, las personas que habría de constituir la Comisión de Estatutos correspondiente, hecho que ya no se produjo nunca.

 

Ya en etapa extraterritorial, en México, las Cortes volverán a manifestarse y a deliberar, entre otras cosas, sobre el Estatuto de Autonomía de Galicia y, además, con el fin de que la comunidad internacional fuese alertada de la supervivencia de una legalidad, y con ello también dar ánimos al Gobierno de la República.

 

Pese al interés que los diputados gallegos tuvieron para que se constituyese la Comisión del Estatuto en el exilio, existían discrepancias sobre la oportunidad de su constitución para analizar el proyecto de Estatuto de Galicia, llegándose a la conclusión de que lo primero que había que hacer, según Indalecio Prieto, era recobrar la República y después legislar y, además, parece ser que se carecía de la documentación auténtica referente al Estatuto.

 

Tiempo después se creó el Gobierno extraterritorial de la República española, presidido por José Giral; y en la declaración que hizo ante las Cortes reunidas en la ciudad de México el día 7 de noviembre de 1945, recordó el derecho de Galicia, con las siguientes palabras: Por último, Galicia dejó expresada su voluntad de autonomía en el texto del Estatuto plebiscitado y aprobado por el pueblo gallego, que en su día tomó estado parlamentario y quedó pendiente del examen y aprobación de las Cortes.

 

Y en la reunión del día 9 del mismo mes y año, se propuso el nombramiento de una Comisión de Estatutos, que tras un largo debate se consumió toda la jornada. Hablaron muchos diputados, y no todos con intención recta, pero ninguno de ellos, ni el mismo Indalecio Prieto, promotor del inútil debate, se atrevió a discutir el derecho ganado por Galicia. Al final quedó constituida la Comisión del Estatuto de Galicia como consecuencia de la fuerte solidaridad de los parlamentarios gallegos que impusieron un respeto general y ganaron la simpatía del ambiente.

 

Decía uno de nuestro mejores políticos, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, que los gallegos somos gentes prudentes y de buen sentido, liberales y pacifistas, entusiastas hasta el lirismo, seguros de que la luz vendrá para Iberia de los hijos de Breogán, como dice un famoso poema de Eduardo Pondal, Os Pinos; el pueblo gallego, sigue diciendo Castelao, fue uno de los que más luchó por el Estatuto de su Autonomía, porque los gallegos tenemos fe en nosotros mismos y en las ideas que profesamos

 

El Estatuto de Autonomía de 1981

 

Hubo que aguardar 45 años para conseguir el actual Estatuto de Autonomía para Galicia al amparo de la Constitución Española de 1978.

 

Ciertamente, el Estatuto de Autonomía para Galicia de 1981, aprobado mediante referéndum del cuerpo electoral de las cuatro provincias gallegas, celebrado el día 21 de diciembre de 1980, que dio lugar a la ley orgánica 1/1981, del 6 de abril, era uno de los deseos más codiciados por el pueblo gallego que había visto truncada esa vieja aspiración por la guerra civil, como hemos visto más arriba.

 

El camino que hubo que recorrer hasta su aprobación definitiva fue un largo proceso de trabajo cívico y parlamentario en el que participaron todas las fuerzas políticas gallegas más importantes, con representación parlamentaria o no.

 

El punto de partida del proceso autonómico, se inició con la publicación del Real Decreto Ley por el que quedó instituida la Xunta de Galicia como órgano de Gobierno de Galicia, con personalidad jurídica plena en relación con los fines que se le encomiendan.

 

La Xunta preautonómica no pasaba de ser un órgano descentralizado con carácter administrativo y sin facultades normativas, y pese a ello, constituyó en la práctica una institución imprescindible para poder dar los pasos precisos para alcanzar el Estatuto de Autonomía, siguiendo la línea señalada por la Constitución en su Disposición Transitoria 2ª y de conformidad con lo establecido en el artículo 151.2, normas exclusivas para los territorios históricos que en el pasado plebiscitaran afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y cuenten con regímenes provisionales de autonomía, como era el caso de Galicia

 

Xunta Preautonómica

 

Constituida la Xunta de Galicia el 18 de abril de 1978, su Presidente hizo un llamamiento a todas las instituciones, grupos políticos, entidades culturales, sociales y sindicales para que contribuyeran a la redacción de un anteproyecto de Estatuto de Autonomía para Galicia.

 

El 16 de diciembre de este mismo año se reunió la Asamblea de Parlamentarios gallegos para examinar todo el material recibido con las diferentes propuestas solicitadas, y acordó nombrar a un grupo de 16 personas, donde estaban representados siete partidos políticos, para que se encargara de lograr un texto que tuviera el apoyo de todas las fuerzas políticas, parlamentarias o no, para presentar en su día al pueblo gallego un documento unitario que todos pudieran apoyar y asumir.

 

Rematado su trabajo, la Comisión de los 16 presentó el texto redactado al Presidente de la Xunta, don Antonio Rosón Pérez, el día 9 de abril de 1979, compuesto por 50 artículos, 7 disposiciones transitorias, 1 adicional y 1 final, dirigiéndose el que actuó de presidente del grupo, al Presidente Rosón, en los siguientes términos: …deseamos una Galicia con plena autonomía para que pueda desarrollar mejor su futuro…reconocemos, y nos da alegría el saberlo, que nuestro esfuerzo queda en buenas manos…sabemos que nuestra tierra es nuestra, y ojalá en un mañana cercano podamos los gallegos vivir satisfechos y poder demostrar a los demás que merecíamos lo que pedimos…

 

Asamblea de Parlamentarios gallegos

 

Concluido el trabajo del grupo de los 16, se convocó, para el día 5 de mayo de 1979, la Asamblea de Parlamentarios gallegos formada por 27 diputados y 16 senadores a quien correspondía elaborar el proyecto de Estatuto, y así dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 151 de la Constitución,

 

Designada una ponencia elaboró un texto que no se alejó mucho del redactado por el grupo de los 16, aportando algunas innovaciones dignas de destacar, entre ellas, las relacionadas con temas de economía y hacienda, y otras referentes a la galleguidad de las Comunidades de fuera de Galicia, y la creación del Consejo de la Cultura Gallega..

 

Y el día 20 de junio de 1979 la Asamblea de Parlamentarios celebró su primera reunión para conocer el texto de la ponencia, aprobándose por unanimidad el día 25 del mismo mes y año.

 

Al comienzo de la sesión, el Presidente de la Asamblea de Parlamentarios, señor Rosón dijo, entre otras cosas, que siguiendo a uno de nuestros más ilustres y esclarecidos pensadores, Vicente Risco, que apelaba al derecho de cada pueblo a conseguir la plena realización de su personalidad; no se trata sólo de un derecho sino que también es una obligación, porque un pueblo no puede privar a los otros de su actividad peculiar y diferencial. Por eso la empresa que vamos a llevar a cabo hoy será punto de partida de un compromiso creador de un futuro en el que se pueda alcanzar para Galicia los niveles socioeconómicos y culturales de los pueblos de nuestra misma área y condición. Para nosotros, Galicia, es una realidad incuestionable y permanente, de que es España. Todos esperamos que hoy saldrá de aquí el proyecto de Estatuto que va a enriquecer y agrandar y hacer más solidarias esas dos realidades a la luz del patriotismo consciente y con perspectivas.

 

El Proyecto en las Cortes

 

El Proyecto fue presentado al Presidente de las Cortes el 28 de junio de 1979, aniversario del plebiscito del Estatuto gallego de 1936 y, por lo tanto, una fecha de clara evocación autonomista, escogida expresamente por esta connotación simbólica que, al mismo tiempo, servía para darle un carácter histórico y conciliador, publicándose en el Boletín Oficial de las Cortes del día 20 de julio del mismo año.

 

Terminado el plazo de presentación de motivos de desacuerdo o enmiendas, el 25 de septiembre, la Comisión constitucional nombró ponencia que comenzó sus trabajos el 9 de octubre de 1979 durante todo el debate hasta el día 30 del mismo mes y año siendo muy numerosas las discrepancias surgidas en la discusión de los temas, pero realmente los enfrentamientos más graves procedían de la nueva redacción que se le quería dar al artículo 32.4, que llegó a ser definido como un aldraxe estatutario –afrenta estatutaria—para Galicia, y que terminó siendo rechazado por todas las fuerzas políticas a excepción de UCD, pero que abrió en el seno de este Partido una profunda división que supuso la abstención de 5 diputados de esta fuerza política en la votación del texto de la Ponencia

 

El Estatuto de Galicia, a diferencia de los Estatutos vasco y catalán, llegó a la Comisión Constitucional con bastantes desacuerdos, entre ellos lo que se referían al artículo 32.4, que acabamos de comentar. Por otra parte se mantuvieron 107 votos particulares y 5 motivos de desacuerdo

 

El debate en la Comisión Constitucional

 

El proyecto elaborado por la ponencia pasó a debate y votación en la Comisión Constitucional del Congreso que actuó conjuntamente con la Asamblea de Parlamentarios gallegos, los días 20 y 21 de noviembre; casi la totalidad del articulado mereció la aprobación de todos los miembros, pero al final sólo fue aprobado el proyecto por mayoría, con los votos de los representantes de UCD. La causa fundamental de los votos en contra fue la introducción de un apartado 2 en la Disposición transitoria 3ª, que no figuraba en el informe de ponencia, y daba pié a que con una anunciada futura ley se delimitaban determinadas competencias.

 

 

Reacciones contra el Estatuto

 

La aprobación del Estatuto rompió totalmente el consenso entre las fuerzas políticas gallegas y, tanto los medios de comunicación como los partidos políticos, determinadas personalidades del mundo de la cultura o de otros sectores, pusieron de manifiesto su preocupación por el Estatuto aprobado que consideraban discriminatorio con relación al vasco y catalán, y agresivo para Galicia al limitar su autonomía, lo que se consideraba, como una frustración más a las esperanzas que se tenían puestas en el nuevo Estatuto, tantos años deseado.

 

No era así la opinión manifestada en otros foros que consideraban el Estatuto de Autonomía para Galicia como un documento bien articulado y del mismo nivel que los aprobados para el País Vasco y Cataluña y, desde luego, muy superior al primitivo proyecto.

 

 Un diario madrileño de gran tirada afirmaba en un editorial que en el caso del Estatuto de Galicia el traje es de la misma talla que el encargado para catalanes y vascos; sin embargo, la circunstancia de que no sea idéntica la forma de repasar las puntadas ha provocado reacciones de una clara demagogia oportunista, para señalar finalmente, que la transitoria tercera evitaría eventuales manipulaciones de los caciques, en tratos a puerta cerrada.

 

El día 28 de noviembre, la UCD gallega hizo una declaración en la que afirmaba que el texto aprobado reunía unas cualidades que permitían considerar seriamente que el Estatuto de Autonomía para Galicia era un buen Estatuto y que su contenido respondía a  su realidad y que los que afirmaban que las opiniones aparecidas en los medios de comunicación sobre una pretendida discriminación correspondía a una imputación interesada con el fin de desorientar la opinión de aquellos que no conocían el texto completo.

 

Esta declaración no coincidía con lo manifestado por el Secretario General de la UCD, que llegó a afirmar que el Estatuto de Galicia y el catalán eran prácticamente iguales, si bien las transferencias de competencias se realizarían de manera distinta: gracias a una cláusula que incluiremos en todos los Estatutos futuros, y no habrá acuerdo en la Comisión Constitucional del Congreso mientras no se incluya, ya que nosotros somos mayoría (sic).

 

Estas y otras declaraciones parecidas, contribuyeron a confirmar las sospechas que los grupos políticos y la ciudadanía en general se temían sobre el futuro del Estatuto de Autonomía para Galicia.

 

Con este clima fue muy fácil convocar, el 4 de diciembre de 1979, manifestaciones en las siete ciudades más importantes de Galicia, a favor de una auténtica autonomía a las que asistieron alrededor de 300.000 manifestantes.

 

Cambio copernicano

 

Al comienzo del nuevo año 1980, el Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, hizo unas declaraciones en las que manifestó que toda España tiene una gran deuda pendiente con Galicia, asegurando que repararemos las injusticias cometidas durante siglos, y que los niveles de autonomía a la Comunidad gallega no serán en ningún momento inferiores a las que obtengan otras comunidades como la vasca o la catalana, marcando así un cambio en el proceso autonómico que vino confirmado al tomar el Gobierno la decisión de encauzar por la vía del artículo 143 de la Constitución todos los procesos autonómicos pendientes, convirtiéndose, por lo tanto, la famosa Disposición Transitoria 3ª, que provocó grandes discrepancias en la aprobación del Estatuto de Autonomía para Galicia, en inútil e innecesaria.

 

Todo ello dio lugar a que todas las fuerzas políticas más representativas, incluida UCD, trataran de buscar una salida, haciendo declaraciones en este sentido, al igual que la intelectualidad gallega, propugnando un pacto entre todos los partidos autonomistas de Galicia.

 

En el mes de mayo de este año 1980, el Partido Socialista presentó una Moción de Censura al Gobierno de la Nación, que no prosperó, pero durante los debates, el presidente Suárez, anunció que el referéndum del Estatuto de Galicia tendría lugar dentro de medio año, reconociendo que Galicia es una de las nacionalidades históricas de conformidad con la disposición transitoria segunda de la Constitución y, justamente por eso, los Estatutos de Galicia el País Vasco y Cataluña recibirán tratamiento idéntico y que las denominada leyes de competencias tendrían el mismo alcance para todas las Comunidades autónomas, sin excepción.

 

Los pactos del Hostal

 

El 29 de septiembre se firmaba, en el Hostal de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela, un documento en el que cinco partidos políticos: UCD, PSOE, Alianza Popular, Partido Comunista de Galicia y Partido Galleguista, manifestaban su voluntad política de introducir determinadas modificaciones en el texto del Estatuto antes de su referéndum con el fin de mejorarlo y, al mismo tiempo, sirviera como documento de concordia entre todos los gallegos.

 

Por todo ello, los partidos políticos firmantes del documento, recogiendo el sentir de amplios sectores del pueblo gallego y conscientes de su responsabilidad histórica, manifestaron su voluntad política de emprender acciones conducentes a eliminar los obstáculos que existían para que pudiera convocarse el Referéndum en las condiciones de concordia y solidaridad que el Estatuto de Autonomía requería.

 

Concluía así una etapa de casi un año que se caracterizó por el desencanto, el desconcierto, la frustración e incluso la indiferencia.

 

Nueva tramitación del Estatuto en el Congreso

 

Aprobado el nuevo documento por la Asamblea de Parlamentarios gallegos fue elevado a la Presidencia del Congreso de los Diputados para su tramitación en la Comisión Constitucional.

 

El día 29 de octubre de 1980 se celebró la sesión parlamentaria en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados para debatir y votar la propuesta de modificación del Estatuto de Autonomía para Galicia, que fue aprobada por unanimidad, sin más, por los miembros asistentes. Y con fecha de 7 de noviembre del mismo año, un Real Decreto convocaba el referéndum del proyecto de Estatuto de Autonomía para Galicia, para celebrar el 21 de diciembre del mismo año.

 

El número de habitantes con derecho a voto estaba formado por 2.172.989, de los que votaron 614.218, siendo los votos afirmativos 450.556 y los negativos 121.448.

 

Ciertamente el resultado del referéndum fue poco alentador. La abstención alcanzó cifras alarmantes de casi el 72%, y aunque los votos afirmativos con relación a la participación llegó a un 73%, si se compara con relación a los con derecho a voto, sólo fue del 28%, es decir, menos de un tercio de la población votante le dio su voto positivo al Estatuto de Autonomía.

 

Una serie de circunstancias motivaron este resultado, la fecha invernal, la ancestral abstención, la poca motivación, una campaña poco intensa y, también, todas las complicaciones surgidas durante la tramitación del Estatuto.

 

A la abstención también se pudo llegar porque ya se trataba de un proceso sin lucha, y era muy normal caer en la abstención a través de una fase de escepticismo como consecuencia de la situación política general.

 

Pero que nadie piense que esa abstención traduce una supuesta falta de interés autonómico o falta de inclinación hacia la autonomía por parte del pueblo gallego. Son muchas las frustraciones, las vacilaciones y las contradicciones que hubo de sufrir el pueblo gallego, a lo largo de la historia, lo cual abona hacia la cautela y la duda que pudieron, también, haber influido en el índice de inhibición registrado.

 

Pero lo cierto es que todas las fuerzas políticas gallegas mayoritarias (UCD, AP y PSOE) aprobaron el Estatuto, y por tanto la capacidad y representatividad que tienen esas fuerzas políticas se habían sumado al Estatuto de Galicia.

 

La Galicia autonómica

 

Ciertamente, cada pueblo tiene derecho a la búsqueda de la realización de su personalidad histórica. En nuestro caso, esa personalidad está representada por una línea de continuidad con más de veinte siglos de Historia y ciento cincuenta años de denodado esfuerzo autonomista, tarea en la que fueron muchos los que tuvieron fe en nuestro país porque creyeron en Galicia.

  Hoy, el Estatuto de Autonomía para Galicia, con más de treinta años de existencia, es una Carta fundamental capaz de articular las leyes que Galicia quiera darse a sí misma y constituye una plena garantía para el libre juego democrático de todos y la expresión legal de todas las tendencias, responde a las inquietudes de hace más de setenta años, y reconoce nuestra identificación como nacionalidad histórica, nos permite disponer de un autogobierno propio con los poderes públicos necesarios para nuestra transformación económica, social y cultural.

 

El Estatuto tiene demostrado su virtualidad positiva capaz de transformar a Galicia para bien, como se puede comprobar hoy a través de los logros que se consiguieron, y Galicia no tiene nada que ver con la de antes de 1981.

 

La Galicia actual, la Galicia autonómica, con autovías, vías rápidas, autopistas de la comunicación, teléfonos e internet en los pueblos más pequeños, gasificación en las villas, campos deportivos comarcales, auditorios y orquestas sinfónicas, tres universidades, industrias editoriales, de confección, alimenticias y del automóvil, con más bibliotecas y museos, con un acrecentado y recuperado patrimonio cultural histórico-artístico singular, sigue siendo la Galicia de todos los tiempos, con su idiosincrasia como pueblo experimentado, con lengua propia y cultura original, pero es una Galicia distinta, con muchas más cosas y por tanto más rica en todos los sentidos porque fue enriquecida en todos los aspectos.

 

Por tanto, aquellas dudas iniciales que se tenían sobre el Estatuto de Autonomía se desvanecieron. En este momento, sin necesidad de realizar encuestas ni sondeos de ninguna clase, se puede afirmar que una mayoría de la población gallega es autonomista, y está convencida  que las mejoras experimentadas hacia un mayor bienestar se deben a la eficacia de un Estatuto de Autonomía capaz de lograr esos avances y eso progresos.

 

La ciudadanía gallega sabe apreciar que nuestro país está más considerado en el conjunto de España, y también en Europa e Iberoamérica. En estos momentos todos los gallegos y gallegas tenemos más posibilidades de futuro y eso es una vivencia general. Pasamos de ser una tierra de emigrantes a ser país de inmigración.

 

Y todo ello obedece a una mayor conciencia autonómica. Y si los logros que se han conquistado son muchos, como hemos enunciado, por encima de todo es mucho más el grado de autoestima alcanzado.

 

Cerca de un cuarto de siglo de autonomía aún es poco tiempo para probar nuestra capacidad y posibilidad, pero el tiempo transcurrido ha reflejado la vitalidad de nuestra sociedad, y sobre todo este tiempo sirvió para no subestimarnos y para no dudar de nuestras propias cualidades. El proceso autonómico es ya un hecho irreversible, puede mejorarse y desarrollarse aún más.

 

El Estatuto de Autonomía es el lugar de encuentro de todos los gallegos, aceptado por todos, de los que vivimos en nuestro territorio y de los que están en la diáspora por toda la geografía mundial, desde América del Norte hasta la Patagonia, o por los que todavía están aportando, en muchos países europeos, el esfuerzo de su trabajo y de su vitalidad.

 

Galicia entró por la puerta grande en el Estado autonómico, y pudo disponer de todos los medios necesarios para desarrollar sus competencias pudiendo recibir todas las transferencias que le concedió su Estatuto, y en la actualidad estamos muy próximos al máximo de competencias asumidas.

 

Eso no significa una estabilidad ni una parada en relación con la asunción de más competencias, ya que el artículo 150.2 de la Constitución prevé la posibilidad de que el Estado podrá transferir o delegar, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal con la correspondiente transferencia de los medios financieros.

 

La reforma del Estatuto de Autonomía

 

En este momento existe un cierto movimiento general de reforma de los Estatutos de Autonomía. Es indudable que el propio paso del tiempo basta a veces para abrir nuevas perspectivas, teóricas, históricas y políticas, en el enfoque de algunas cuestiones.

 

Una nueva lectura de los Estatutos de Autonomía, con el fin de modificarlos, es una práctica conveniente y saludable porque no se trata de textos que haya que sacralizarlos como inmutables y eternos.

 

No hay más que fijarse que el propio Estatuto de Autonomía para Galicia, en sus artículos 56 y 57, de su Título V, marca las pautas a seguir para su propia reforma, con lo cual el legislador ya tenía prevista esa posibilidad.

 

Lo cierto es que después de más de un cuarto de siglo caben muchas posibilidades de reforma en función del tiempo transcurrido. Y ese cambio o reforma del Estatuto atañe también al de otras Comunidades Autónomas que en la actualidad están por esa misma labor.

 

Lo que ocurre es que en los cambios estatutarios puede estar implicada la propia Constitución y afectada de una manera substancial. Si esto sucediera, y en este sentido han sonado voces, nos encontraríamos en un caso muy delicado, porque nuestra Carta Magna es un documento pactado y en su propio contenido pone el acento a determinados principios, como son el carácter indisoluble de la unidad de España invocada como patria común e indivisible de todos los españoles, y que no sólo reconoce sino que se garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, pero también a la solidaridad entre todas ellas.

 

Por tanto, para el legislador constitucional, la unidad nacional es un presupuesto, un valor preconstitucional y una condición misma de la Constitución, y cualquier reforma de la misma, o de los Estatutos de Autonomía, habría que establecerla como una renovación de ese pacto constitucional. Y no hay que olvidar que el Título VIII de la Constitución tuvo que diseñarse con los condicionantes propios de un momento histórico determinado que estaba ligado a una Transición política, y para conseguir el consenso, fue preciso ceder, por parte de todos, desde unas posiciones iniciales hasta otras de consenso.

 

Es importante resaltar que en la propia Constitución, a no ser que se modifique en este aspecto, dice que el Estado garantiza (presente de indicativo) la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, señalando que las diferencias entre los distintos Estatutos no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos y sociales

 

Esto último es fundamental, y es en donde está el caballo de batalla de lo que pretenden las Autonomías más desarrolladas con relación a las que lo están menos.

 

Estamos de acuerdo en la reforma de los Estatutos y de la propia Constitución porque el propio paso del tiempo así lo aconseja. Habrá que efectuar las relecturas y reformas que sean precisas de ambos textos, pero teniendo en cuenta que hay que mantener, como principios axiomáticos, el pacto constitucional con que se redactó nuestra Carta Magna, el principio de solidaridad entre todas las nacionalidades y regiones que integran la Nación española, y el interés general como principio básico de la Constitución y criterio para articular el esquema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

 

 

 


[1] Artículo 11 de la Constitución de la II República

[2] Artículo 12 , apartados a) y b)

[3]Articulo 12, apartado c)

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